En un informe enviado al Ayuntamiento, la Audiencia de Cuentas de Canarias aclara al Consistorio que el ingreso del recibo del agua “no puede ser exaccionado directamente por parte de un sujeto de derecho privado”. En las conclusiones de su informe, añade que “las empresas concesionarias (en el caso de Valsequillo, Aguas de Telde) no están incluidas en el listado de aquéllas que pueden asumir la colaboración en la gestión recaudatoria”.
En declaraciones a la Radio Municipal de Valsequillo, el gerente de Aguas de Telde, Antonio Díaz, afirmó que, desde el punto de vista del ciudadano, el nuevo sistema de cobro del agua “no será significativo”. Hasta ahora, Aguas de Telde cobraba directamente el agua a sus clientes. En breve este proceso se hará a través de una empresa pública que transferirá el cobro al Ayuntamiento y éste, a su vez, Aguas de Telde. Antonio Díaz negó de forma rotunda que el cambio en el sistema de cobro pueda suponer un corte en el suministro de agua, apuntando que hay que “separar los pequeños cambios (en el cobro del agua) de la garantía que aporta la compañía”.
CEDAGA, empresa adjudicataria de la gestión de la Piscina Municipal, tampoco cobra directamente, ya que es el usuario el que paga al Ayuntamiento y éste a la empresa que lleva la gestión. El gerente de la CEDAGA, Agustín García, reconoce que “el sistema de cobro es novedoso por el control que efectúa el Ayuntamiento”. Dicho control lo considera García “razonable” y no le ve “ningún inconveniente. “La transparencia”, concluyó, “es necesaria cuando se pretende hacer un negocio”.
El Ayuntamiento de Valsequillo ha decidido impulsar esta medida ante la indicación de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y también ante la declaración al respecto del Parlamento de Canarias, que instó al Consistorio a que “actúe de forma inmediata ante las recomendaciones hechas por la Audiencia de Canarias”. De igual forma, instó a la Audiencia a que “compruebe con el Ayuntamiento de Valsequillo las acciones y medidas llevadas a cabo en relación con las recomendaciones realizadas”.
Basándose en un informe de fiscalización de los años 2003 y 2005 hecho por la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Parlamento de Canarias concluyó que “en la primera década del siglo XXI, no es admisible encontrar tantas irregularidades en la gestión de un Ayuntamiento en relación con la legalidad y la situación de la actividad económica y financiera”.