La concejalía de Litoral elevó al Pleno celebrado el pasado lunes 22 de diciembre la propuesta para iniciar el expediente de desmunicipalización del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. El acuerdo, debatido en la última sesión plenaria del año 2025, contempla igualmente la constitución de una Comisión no Permanente encargada de redactar la Memoria justificativa prevista en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
La propuesta plantea formalmente cesar el proceso de municipalización aprobado en diciembre de 2021, al constatar que, transcurridos cuatro años desde su aprobación definitiva, no se ha producido la implantación efectiva de la gestión directa del servicio. La iniciativa responde a un análisis técnico, jurídico y organizativo de la evolución del servicio y de las capacidades reales de la administración para garantizar su correcta prestación en las condiciones actuales.
La Comisión no Permanente estará integrada por ocho miembros, de los cuales cuatro serán miembros corporativos, uno por cada grupo municipal, y cuatro del personal técnico del Ayuntamiento, con el objetivo de elaborar la Memoria justificativa que evalúe de forma objetiva la forma de gestión más adecuada para el interés general. Este documento será determinante para fundamentar la decisión definitiva sobre el modelo de prestación del servicio.
Cabe recordar que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2021, aprobó definitivamente el expediente de municipalización del servicio de hamacas y sombrillas. Sin embargo, durante la legislatura anterior no fue posible llevar esa municipalización a la práctica, ya que desde el punto de vista operativo no era la mejor opción para garantizar un buen servicio. Convertir a los trabajadores del servicio en personal municipal no iba a mejorar la calidad ni la atención a los usuarios.
Además, existían límites legales y presupuestarios claros que impedían asumir la gestión directa. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que los ayuntamientos no pueden aumentar el gasto en personal por encima de unos límites fijados por ley. En este caso, asumir directamente el servicio habría supuesto incorporar alrededor de 40 nuevos trabajadores municipales, lo que implicaría un aumento del gasto de personal superior al millón de euros al año, algo que la ley no permite.
Por estas razones, avaladas por los informes de Intervención municipal, el gobierno de la legislatura anterior no pudo aplicar la municipalización aprobada en 2021 y se vio obligado a mantener la gestión indirecta del servicio, como ocurre con otros servicios similares. Esta situación demuestra que la gestión directa no era viable legal ni económicamente, y explica por qué el servicio continuó prestándose mediante gestión indirecta.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que “la revisión del modelo de gestión no responde a una cuestión ideológica, sino a un análisis riguroso de la experiencia acumulada, que demuestra que la gestión directa no ha podido implantarse ni ofrecer garantías suficientes, mientras que la gestión indirecta ha permitido mantener el servicio en funcionamiento de forma eficaz”. En la misma línea, la concejala de Litoral, Yilenia Vega, señaló que “desde el área se ha trabajado en la actualización de precios y en la modernización del servicio, demostrando que la adaptación de los servicios públicos a la realidad actual es clave para el buen funcionamiento del principal motor económico del municipio”.
La gestión indirecta permite, además, trasladar los riesgos financieros y operativos al adjudicatario, asegurar la profesionalización del servicio, mantener precios regulados y competitivos mediante los pliegos contractuales, incorporar innovación tecnológica sin incremento del gasto público y generar un canon económico que revierte directamente en el interés general. El procedimiento continuará ahora con la elaboración de la Memoria técnica y jurídica, que será elevada nuevamente a Pleno para la adopción del acuerdo definitivo.
