El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará al Pleno del próximo 26 de junio la propuesta para modificar la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. La medida, impulsada por la concejalía de Atención y Cuidado del Litoral que dirige Yilenia Vega (CC) y promovida por el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC), responde a la necesidad urgente de actualizar un expediente que llevaba más de 25 años paralizado.

La propuesta tiene tres objetivos claros: primero, desbloquear y actualizar una ordenanza que llevaba más de dos décadas sin renovarse; segundo, adaptar los precios y servicios a la realidad actual, ajustándolos con la media establecida en las playas del resto del archipiélago canario y tercero, gracias a esa actualización, aumentar la recaudación pública, que hasta ahora se veía afectada por unos precios obsoletos.

Alejandro Marichal explicó que “no podemos seguir arrastrando expedientes de hace 25 años. Esta medida es imprescindible para que nuestro municipio deje de perder ingresos públicos y pueda ofrecer un servicio más competitivo. La recaudación que generemos se traducirán directamente en mejoras para nuestras playas y, sobre todo, para el bienestar de nuestros vecinos”.

Por su parte, Yilenia Vega señaló que “actualizamos una ordenanza completamente obsoleta para responder a las demandas actuales de quienes visitan nuestras playas. Estamos hablando de incorporar nuevos servicios como las hamacas balinesas y cajas de seguridad, establecer precios adecuados, y dar seguridad jurídica a un servicio público fundamental para la competitividad del destino. Maspalomas Costa Canaria no puede permitirse seguir gestionándose con normativas del pasado”.

La modificación afecta a los artículos 1.º, 3º.2 y 4º.3 de la ordenanza. Se establecen nuevas tarifas públicas: 4,5 € por hamaca o sombrilla, 15 € por hamaca balinesa y 3 € por caja de seguridad. Además, se incorpora el pago mediante TPV cuando el servicio sea gestionado directamente por el Ayuntamiento, reforzando así el control económico y la transparencia.

Una vez aprobada en el Pleno, la modificación se someterá a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones.