La correcta y rigurosa tramitación de las ayudas de emergencia para las familias en situación apremiante de precariedad socioeconómica y en riesgo de exclusión social se está convirtiendo en uno de los pilares más importantes de la gestión político-administrativa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde que se inició la crisis.

Esa ardua tarea de gobierno emprendida con carácter extraordinario por el área de Asuntos Sociales en la anterior legislatura está siendo ahora ampliada y reforzada por la concejalía que dirige la edil Yurena Tejera Cruz, con el objetivo de paliar las nuevas situaciones de necesidad motivadas por la duración de la crisis y el desempleo.

Para poder articular esa ampliación de la atención a las familias en situación de emergencia, el Ayuntamiento someterá a la aprobación del próximo pleno una profunda revisión de la Ordenanza Municipal que regula el procedimiento de gestión y aplicación directa de las ayudas sociales. La Ordenanza ya tuvo que ser modificada en el año 2013 para adaptarla a la cobertura de las situaciones perentorias de aquel momento.

Con esta nueva revisión de la Ordenanza, aprovechada para darle mayor claridad y adaptar su terminología a un lenguaje no sexista, el Ayuntamiento introduce profundos cambios que incrementan la tipología y el valor de las ayudas destinadas a cubrir los gastos más básicos de familias con problemas para una subsistencia digna.

En la Ordenanza se incorporan las situaciones familiares que requieren atención y gastos especiales como los enfermos crónicos con alimentación especial, los menores de dos años y las personas con discapacidad. También se incorporan como conceptos subvencionables, atendiendo a la renta familiar, los gastos regulares de servicios como el agua, la luz, el alquiler o la hipoteca, el comedor escolar y la escuela infantil, cada uno con su respectivo techo de gasto deducible. Asimismo se aumentan las prestaciones en número y cuantías, hasta un tope anual de 2.500 euros.

Las prestaciones

Entre las prestaciones que se incrementan destacan las tarjetas de alimentos que sustituyen a los antiguos vales de comida, los recibos de agua y electricidad, las ayudas al alquiler; las ayudas excepcionales para hipotecas; y las ayudas de acceso y apoyo a la integración social y el desarrollo personal y familiar, como bonos de transportes, cursos de formación, material escolar y medicación, entre otros.

Con la nueva tarjeta magnética, los beneficiarios de ayuda para comida ya no tendrán que ir al supermercado con los antiguos vales que especificaban los días y los alimentos que se recibirían. A partir de ahora sus usuarios se hacen responsables de hacer la compra cuando precisan, atendiendo a sus necesidades y en función del saldo de dichas tarjetas, que estipula rigurosamente las cuantías en función de las dificultades y rentas familiares.

“Los topes en las cuantías vienen motivadas por la necesidad de establecer límites de gastos en las familias y facilitar la educación financiera de las mismas. Eso permite una gestión más equilibrada de los gastos y un reparto más equitativo de las ayudas”, afirma la edil Yurena Tejera.

La Ordenanza estipula que los solicitantes deben estar empadronados y residir en el municipio al menos tres meses antes de solicitar las ayudas; no haber renunciado a ninguna oferta de empleo o proceso selectivo de formación o trabajo, y firmar un contrato de contraprestación por el que se comprometen a cumplir con el programa de intervención que les determine la Concejalía de Servicios Sociales en función de sus necesidades.

“Denegar las ayudas a las familias que no se comprometen a realizar acciones que faciliten su salida de la situación de riesgo de exclusión social tiene una orientación educativa, para que las personas beneficiaras hagan todo lo posible para modificar su situación personal y evitar su dependencia exclusiva de los Servicios Sociales. La ciudadanía debe ser consciente de la burocracia que exige una gestión eficiente de los recursos municipales”, afirma Yurena Tejera.